Bs As, 29/05/2009
Los abajo firmantes, integrantes del Plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuerpo colegiado responsable de definir, diseñar y controlar las políticas de niñez de la Ciudad, deseamos hacer llegar a la opinión pública nuestro desacuerdo con la conducta asumida por el Gobierno de Macri ante los hechos ocurridos en relación con el Hogar San José Obrero de la Fundación “Felices los Niños”.
En primer lugar, es necesario dejar claramente establecido que las circunstancias de alojamiento y convivencia de dicho Hogar vulneraban el conjunto de los derechos a que niños y niñas son acreedores como sujetos, atentando contra su integridad biopsicosocial. Nuestra aseveración se funda en que la infraestructura edilicia no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad, no existía articulación alguna con servicios de salud, prevención y control, no había un programa alimenticio balanceado, ni un seguimiento de las actividades educativas registrándose un alto índice de ausentismo y repitencia, tampoco se verificaban acciones concretas con el fin de promover la revinculación familiar de las niñas y niños allí alojados. Como si todo lo dicho fuese poco, eran moneda corriente en la Institución los conflictos verbales y físicos, los desbordes emocionales y una permanente falta de contención afectiva que producía un serio deterioro de la calidad de vida de los niños y niñas.
Por un hecho puntual relativo a uno de los niños residente en el Hogar, en octubre de 2008 fue realizada una denuncia ante la Justicia Nacional, la que solicitó al CDNNyA su intervención. Es aquí cuando consideramos que la Dirección Ejecutiva del Consejo equivocó el rumbo actuando en franca contradicción con la institucionalidad de una Ciudad que goza de autonomía. En los hechos operó como un auxiliar de la Justicia Nacional, realizando una descripción del referido estado de situación del Hogar e intentado, además, salvar la institución suscribiendo un indefendible Acuerdo con sus autoridades por el que las mismas se obligaban a lo que ya estaban obligadas por el hecho de constituir un ámbito de alojamiento y resguardo de niños y niñas y que no cumplían. Recién ahora y como resultado de las presiones que hemos ejercido algunas/os Vocales desde el Plenario del Consejo, sumadas a la difusión periodística de las irregularidades detectadas en el Hogar San José Obrero, el Ejecutivo ha cancelado la inscripción de la Fundación Felices los Niños en la Ciudad.
Cuando la jueza interviniente ordenó el desalojo, la Dirección Ejecutiva continuó en una situación de subordinación. Es necesario advertir que recién en esta instancia se dio participación al Plenario del Consejo.
Los errores detallados, sumados a la persistente ausencia de Políticas Sociales inclusivas del actual Gobierno de la Ciudad que en este específico caso se expresó en la falta de provisión de los recursos que debía haber aportado la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, dificultaron el proceso de desalojo y posibilitaron que militantes defensores del Padre Grassi montaran un espectáculo mediático, utilizando a los niños y niñas y planteando una y otra vez ante las cámaras televisivas la defensa del patronato y la consiguiente judicialización de la infancia con derechos vulnerados, en franca confrontación con la Convención de los Derechos del Niño, con la Ley 114 de la Ciudad y con la Ley Nacional 26061.
Queda claro que la referida serie de equivocaciones y omisiones de las autoridades de la Ciudad generó una resolución judicial que no reconoce los principios institucionales de protección a los derechos de la infancia. Conforme el marco normativo vigente, en caso de violación o amenaza de los derechos de aquélla son los organismos del Estado, en este caso el Consejo de los Derechos y no una Institución Religiosa, los que tienen la improrrogable obligación de decidir y disponer los recursos y programas necesarios para subsanar la vulneración.
Nuestra preocupación central es la persistente desarticulación por parte del actual Gobierno de la Ciudad de la Políticas Públicas de infancia, una de cuyas muestras es la desjerarquización del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consagrado por nuestra Constitución como organismo especializado en materia de promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Perla Prigoshin (Consejera por Legislatura)
Ana Logiudice (Consejera por Legislatura)
Florencia Elgorriaga (Consejera por Legislatura)
Jose Machain (Consejero por Legislatura)
Mabel Bianco – FEIM (Consejera por ONG)
Marta Cerutti – AAES (Consejera por ONG)
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